Pese a las manifestaciones del Gobierno de que en el Paraguay ya no hay casos de ocupaciones de inmuebles ajenos por parte de los “campesinos sin tierra”, hechos flagrantes lo desmienten día a día. En nuestro país se da el insólito caso de que tranquilamente se puede anunciar que se va a cometer un delito y consumarlo después, sin consecuencia alguna para los autores. Es el caso de los “sintierras” de la Colonia Santa Bárbara y de Yaguareté Forest, del departamento de San Pedro, que invaden propiedades ajenas cuando se les da la gana –y a veces con previo anuncio– como ocurrió esta semana con el inmueble del empresario Jaime Peña. Supuestamente son “luchadores sociales”, por lo que hacen lo que quieren, y contra quienes las autoridades temen actuar por temor a ser acusados de “criminalizar la pobreza”, de afectar “los derechos humanos de los pobres”. Con ese pretexto se convalida todo tipo de tropelías y desórdenes. Si se sigue tolerando a los grupos transgresores, radicalizados por ideologías fracasadas, que hacen alegre exposición de la apología del delito en forma impune y del chantaje como herramienta de negociación para obtener objetivos ilegítimos, es muy difícil que en el Paraguay se pongan las bases para la construcción de un verdadero Estado de derecho.